Operación Chamartin: Pelotazo Inmobiliario

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En julio del 2019, el pleno del Ayuntamiento de Madrid con el apoyo del PP y el respaldo de Ciudadanos, PSOE, Más Madrid y Vox,  tomó una decisión histórica. Tras 26 años de estancamiento, dio luz verde al mayor desarrollo urbanístico de Europa: la histórica operación Chamartín, ahora denominada Madrid Nuevo Norte.

La noticia recorre como la pólvora por el mundillo inmobiliario de todo el planeta. Es un pistoletazo de salida para bancos, fondos de inversión, inmobiliarias de todo el mundo que ven en España el momento y lugar para invertir con el rugido de fondo de la recesión mundial. “El apetito por entrar es inmenso. Es el mayor desarrollo de Europa.”

No es para menos. Madrid Nuevo Norte es un diamante en bruto de 3,29 millones de metros cuadrados de terreno edificable dentro de la ciudad, muy próximos a otras zonas de negocio ya operativas. El distrito financiero proyectado consta de 348 oficinas y también contempla la construcción de 10.500 viviendas (de ellas sólo el 20% serán de protección oficial). El proyecto contempla, además, 1,6 millones de metros cuadrados destinados a espacios de uso terciario (comercios, restaurantes, zonas de ocio) y 390.700 metros cuadrados de zonas verdes

Durante los últimos meses se multiplican los contactos. Algunas informaciones hablan del interés de más de doce fondos internacionales, entre ellos el fondo soberano de Qatar (que ha sido vetado por el gobierno), el canadiense Brookfield, Mitsubishi y Merlin que ya se han puesto en contacto con BBVA para entrar en el proyecto.

El coste global del proyecto estará entre los 7.000 y 7.500 millones aproximadamente. Y, además del suelo de titularidad pública, el Ayuntamiento de Madrid deberá aportar más de 1.000 millones de euros al proyecto.

En el fondo, la Operación Chamartín es un ejemplo esclarecedor de cómo se hace negocio privado a costa del suelo público. El proyecto nació con el gobierno del PSOE en 1993, pero eso no quita para que en su desarrollo siempre haya buscado el beneficio de los intereses privados, incrementándose con las consecuentes renovaciones de convenios y pactos entre ADIF, DCN (formada por el BBVA y la Constructora San José) y el Ayuntamiento de Madrid.

El proyecto no tiene como objetivo abordar el problema de la vivienda en la zona norte de la capital, pudiendo construir viviendas asequibles y dotándolas de servicios sociales y espacios verdes que pudieran estar en consonancia con una remodelación de la estación de tren de Chamartín. Lo que se tiene en mente es construir una zona eminentemente financiera con servicios accesorios (comercios, restaurantes, lugares de ocio) que pueda estar operativa las 24 horas del día. Es una gran operación financiera-inmobiliaria con terrenos de titularidad pública en beneficio de un gran banco, el BBVA, cuyos intereses reales son los de siempre: ganar dinero a costa del sudor ajeno.

Frente a esto, las administraciones públicas han abdicado de su obligación y es necesario que les recuerde que su responsabilidad es defender y promocionar el bien común, que pasa por cumplir el derecho básico que tiene toda familia a disponer de una vivienda digna y evitar que los promotores, constructores y demás fondos de inversión obtengan pingues beneficios con la  especulación financiera-inmobiliaria a costa del erario público.

Fuente: Revista Autogestión

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