Los líos con las cuentas del Campus de la Justicia

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El último apoderado del Campus de la Justicia, Javier Rodríguez, indicó durante su intervención en la Asamblea de Madrid que se cansó «de dar con los nudillos en las puertas para que se acelerase» la liquidación del Campus de la Justicia en 2011, pero que todos «se ponían de perfil» porque nadie quería firmar las cuentas de 2010, las primeras que no se presentaron ante la Cámara de Cuentas.

En 2010 se decidió liquidar o fusionar el Campus de la Justicia, pero hasta finales de 2012 no se tomó la decisión de terminar con la sociedad, según el apoderado. «Pensaban que podía haber algo», dijo. En su opinión, «la única irregularidad era no aprobar las cuentas». Rodríguez también ha señalado las «salvedades» que hizo el auditor. Entre ellas, que no se podía tasar el único edificio construido, el Instituto de Medicina Legal, al que se ha referido como el ‘donut’ porque la urbanización de Valdebebas no se había desarrollado y no había ninguna obra similar. Finalmente, se tasó por el gasto de construcción, que se «va reduciendo por el paso de los años». También había reclamaciones de arquitectos que no contaban con «provisiones adecuadas». Además, «las cuentas se habían hecho como empresa en funcionamiento y no era así, pero tampoco estaba en liquidación», ha afirmado.

El apoderado también ha destacado problemas como la falta de planificación financiera de la sociedad. Pero sobre todo ha criticado el exceso de publicidad y merchandising del Campus de la Justicia y el diseño «sobredimensionado» del proyecto con «una relación de arquitectos que da vértigo». 

Sobre el Instituto de Medicina Legal, ha dicho que tendría que darse una catástrofe como Chernóbil para darle uso.

Javier Rodríguez, ha indicado que había camisetas que al final «iban a donar a una ONG», libros, exposiciones en ciudades de todo el mundo y «maquetas que ahí están». También ha detallado algunas cifras generales: la construcción del ‘donut’, las galerías de servicio y los túneles costó 56 millones de euros; las consultorías y contratos, 27; y los costes por resolución de contratos, 6 millones.

Ángel Garrido, actual responsable de la Justicia madrileña, ha explicado que no han encontrado las cuentas desde 2010, salvo las depositadas con retraso en el Registro Mercantil. Estas han sido remitidas a la Intervención General para su posterior aprobación por el Consejo de Gobierno y la Cámara de Cuentas.

El consejero ha confirmado que personal de su departamento aún está analizando toda la documentación, que ocupa «100 metros lineales». «Si algo se ha perdido, se habrá perdido ya», ha dicho.

El proyecto fallido del Campus de la Justicia costó 105 millones de euros

El consejero de Justicia, Presidencia y también portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha explicado este lunes que los 105 millones invertidos en el campus de Justicia se produjo en un momentos en el que «se pretendía hacer edificios muy singulares con arquitectos de mucho renombre», ha admitido que la inversión «no ha servido para absolutamente nada» y ha querido diferenciarlo del proyecto del proyecto actual de la Ciudad de la Justicia.

Garrido ha lamentado que los 105 millones «no han servido para absolutamente nada producto de una crisis económica que llevo a paralizar el campus». Como parte del proyecto se pagaron 10,6 millones a Norman Foster por dos proyectos que nunca se llegaron a finalizar y otros 27,3 millones por otros ni siquiera edificados.

El Campus de la Justicia no presentaba sus cuentas o lo  hacía tarde pese a 14 requirimientos de la Cámara

El presidente de la Cámara de Cuentas, Arturo Canalda, ha explicado que se detectaron nuevas aportaciones económicas al proyecto de Campus de la Justicia cuando ya estaba en proceso de disolución y que remitió hasta en 14 ocasiones a la Asamblea de Madrid y al Gobierno regional que no se entregaban, o lo hacían fuera del plazo establecido, las cuentas de la entidad, lo que imposibilitaba el poder valorar si los fondos y provisiones que se transferían desde la Comunidad estaban justificados.

Canalda afirmó que hubo aportaciones económicas en 2012 por parte del Gobierno regional cuando ya se había propuesto la disolución de la sociedad: 8,2 millones de euros y una provisión de 22 millones de euros. Añadió que el caso de la sociedad encargada del Campus de la Justicia es un caso «excepcional» dentro de la Comunidad de Madrid, pues el resto de organismos rinde cuentas.

El portavoz de Ciudadanos en la Comisión de estudio sobre el Endeudamiento y la Gestión Pública de la Comunidad de Madrid, César Zafra, ha asegurado que la Comunidad se ha gastado 105 millones de euros en «un solar donde actualmente solamente pasan los conejos» con el proyecto del Campus de la Justicia. Y es que de los 130 millones que recibió como presupuestos, en su liquidación solo tenía un valor patrimonial de 25 millones, 17 del único edificio construido y otros 7 por dinero en metálico depositado en cuentas bancarias.

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