Inmigrantes sin sanidad

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Han pasado ya dos años y medio desde que entró en vigor, de la mano de la ex ministra de Sanidad Ana Mato, el «Real Decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones». Este bonito nombre acabó con la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles -que no ilegales; ningún ser humano es ilegal-, salvo la asistencia en urgencias, a los menores de 18 años y en el embarazo, parto y postparto.

sanidad xenofobiaEste real decreto ha sido denunciado no solo por numerosas asociaciones e instituciones civiles sino también por instituciones de máximo nivel: en abril de 2014, seis Relatores Especiales y Expertos Independientes de Naciones Unidas, liderados por la Relatora especial de extrema pobreza y derechos humanos recordaron al Gobierno español que las normas básicas de derechos humanos no pueden ser ignoradas por las presiones ficales. Asimismo, en enero de 2014, el Comité de Derechos Económicos y Sociales del Consejo de Europa destacó que esta reforma era contraria a la Carta Social Europea, de la cual España es Estado parte.

Pues aún así, y según datos aportados por el propio Gobierno, al menos 873.000 personas en España perdieron el derecho a la asistencia sanitaria en España en los dos primeros años de la entrada en vigor del Real Decreto Ley.

Los últimos datos oficiales que tenemos de nuestra Comunidad son de hace casi dos años (aquí se nota que hay ciertos datos que a las administraciones no les interesa demasiado recabar) y afirman que, en Madrid, casi 40.000 personas ya no tienen derecho a recibir una atención sanitaria universal y gratuita.

Como siempre hacemos, no podemos dejar de recordar que todas las personas, independientemente de donde hayan nacido o de sus circunstancias, son igualmente dignas y las instituciones públicas –gobierno incluido- que están para velar por que se apliquen los derechos humanos más elementales, no pueden pisotear estos en nombre de la “eficiencia económica”, es decir recortes en prestaciones fundamentales, como es la sanidad: el presupuesto sanitario en la Comunidad de Madrid para 2015 es de 6.499.273 millones de euros, 370.000 menos que en 2011.

Revista Autogestión

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