«El Ivima nos ha dejado con el culo al aire»

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Cientos de familias están pasando unas navidades angustiosas después de que la Comunidad de Madrid vendiera los 3.000 pisos del Plan Joven al fondo de inversión estadounidense Goldman Sachs y a la inmobiliaria española Azora por 201 millones de euros. En total, 32 promociones repartidas en 11 municipios madrileños cuyos inquilinos temen que les cambien las condiciones del alquiler y compra de tal forma que no puedan hacerles frente.

Resumamos: desde 2007, a estos jóvenes les tocó un piso de protección oficial. El alquiler, que dependía del tamaño de la vivienda, rondaba entre los 300 y los 500 euros. Un precio máximo que, tras la crisis económica, que ha reducido ostensiblemente los salarios, tampoco era una bicoca. A partir del séptimo año, los inquilinos tenían derecho a comprar la casa, aunque en la mayoría de los casos, desde las oficinas del Ivima, se les dijo que el alquiler podría ser para siempre.

Pero el pasado agosto, endeudado, el Ivima vendía su parque de viviendas a un fondo de inversión. Por casi un 20% más que el precio fijado de salida (168,9 millones). Y, como temían los vecinos, han llegado las consecuencias negativas, pese a que la Comunidad anunció que no habría cambios en sus condiciones del alquiler y podrían ejercer el derecho a compra «al precio que ya conocen».

Los primeros afectados, los que primero se beneficiaron del Plan Joven, viven en dos promociones de La Ventilla. Pagan unos 500 euros al mes. Como primera condición, la nueva gestora de las viviendas, Encasa Cibeles, comunicó a los cerca de 100 inquilinos que antes del 20 de enero deben decidir si compran la casa o no. No es el único problema. «Hemos recibido un documento donde nos dicen que nos quieren cobrar un coeficiente corrector del 2%, es decir, el máximo, algo que la Comunidad no habría hecho, ya que como mucho sería el 1,5%, porque el 2% no lo ha cobrado en ninguna promoción», señalan los afectados.

Como media, el fondo de inversión pagó cerca de 67.000 euros por cada casa, pero, por ejemplo, la casa de Alberto, que vive en un piso de 50 m2 de la calle de Los Cedros, tendría que abonar 150.000 euros, un precio a todas luces desorbitado. Pero no sólo eso. Al irse el Ivima, las condiciones de la hipoteca cambian. «Un banco ahora como máximo te financia un 80% y si hubiera negociado el Ivima en un acuerdo global habría sido el 100%», se queja Alberto, que junto sus vecinos se ha manifestado por el barrio y ya ha pedido consejo a abogados para estudiar qué medidas legales tomar.

En el caso de Alberto, de 30 años, su piso está tasado en 75.000 euros. Si le aplican el 2% de coeficiente corrector, se le quedaría en 150.000 euros. De ahí habría que descontar el 50% del alquiler que ha pagado estos años: unos 20.000 euros. Total: 130.000 euros más el Impuesto de Transmisiones, cerca del 9% del precio total. «Es que estamos hablando de un precio casi de vivienda libre. Yo ya he ido a preguntar al banco y me dan un 4,25% de interés el primer año», se lamenta. «Si me bajan el coeficiente corrector, podría comprarme el piso, si no…».

Begoña, también de la misma edad, y que tiene un trabajo «por obra y servicio», poco estable, dice que se lo va a poder comprar, pero «sólo porque tengo respaldo familiar», pero asegura que lo que está haciendo el Ivima es «inmoral y alegal». «El Ivima lo ha hecho fatal siempre, no han hecho seguimiento de los pisos vacíos, y claro, esto es como una hucha, si dejas de ingresar…, han tenido que estar pagando la comunidad», señala la joven, que afirma que hay numerosos casos de inquilinos que se verán obligados a abandonar el piso. «Si no tienes respaldo familiar, naranjas de la China, es muy triste, pero estamos pagando justos por pecadores», señala.

«Es que es una vivienda social para un fin social, el Ivima tuvo que vender a un precio más bajo y ahora el fondo de inversión se va a enriquecer en base a algo que tiene un carácter social», afirman los residentes, que insisten en que el terreno sobre el que se va a hacer negocio era público y ahora se le va a sacar una rentabilidad privada. Muchos inquilinos afirman que no podrán hacer frente a la compra, en algunos casos tras dejarse en los últimos años miles de euros en reformar el interior de sus viviendas.

Tal y como están las cosas, los que no puedan comprar la casa pueden prorrogar un año (como mucho) el alquiler, pero tras el octavo año deberán abandonar la vivienda. Antes, sin embargo, el Ivima les ofrecía la posibilidad de renovar el contrato siempre que hubiesen cumplido los requisitos de renta máxima permitida.

Fuentes de la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid precisan que no se está haciendo nada ilegal. «El Ivima hubiera vendido las viviendas del Plan Joven al precio máximo, como se desprende del hecho de que el Ivima ya cobraba los alquileres máximos permitidos, por lo que el precio de venta hubiera sido el mismo que ahora ofrece Encasa Cibeles», precisa un portavoz de Vivienda.

«Los inquilinos del Plan Joven conocían desde la firma del contrato la renta máxima mensual y el precio final», precisa el portavoz del área que dirige Pablo Cavero, que añade que «se trata de una opción a compra, no de una obligación, por lo que si alguno de los inquilinos cree que esos pisos no tienen el valor que propone Encasa Cibeles puede no comprarlo».

Fuente: El Mundo

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