Corrupción “legal” en Madrid

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Llevamos meses y años oyendo y hablando sobre la corrupción de nuestro sistema político y de nuestros políticos en particular. Y en este tema no hay colores; todos o casi todos los partidos políticos que han estado o están en la Asamblea de Madrid (gobierno autonómico) o en el ayuntamiento de Madrid, por quedarnos con el más representativo, han estado salpicados o inundados de casos de corrupción.

cargo-de-confianzaLo que traemos hoy a estas páginas no son los casos en los que se ha traspasado la ley para meter la mano en la caja del dinero público. Son los casos en los que también se mete la mano en esa misma caja, pero esta vez con el amparo de la ley.

Hablamos, por ejemplo, de los expresidentes de la Comunidad de Madrid (Leguina, Gallardón y González) que forman el llamado Consejo Consultivo que no es otra cosa sino una forma de cobrar 5.500 euros mensuales y contar con secretario y chófer. Este órgano cuenta con 11 consejeros -se reservan puestos vitalicios a los expresidentes regionales- a razón de 8.500 euros brutos al mes (5.500 netos) más coche oficial, más un asistente. No sabemos exactamente qué hacen (aconsejar, se supone), pero sí sabemos que nos quitan 4,3 millones de euros al año de nuestros impuestos.

Hablamos también de los que daban lecciones de honestidad, antes de llegar ellos a los sillones, claro. Si hemos denunciado en estas páginas los cargos del PP que se han lucrado con su puesto, no vamos a dejar de denunciar las praxis de aquellos que decían ir contra la “casta”. Nos encontramos así casos claros de enchufismo y nepotismo en el ayuntamiento de la capital. Por ejemplo, el padre de la portavoz del ayuntamiento, Rita Maestre, que es el subdirector de la Agencia Tributaria con un sueldito de 55.000€. O el sobrino de Carmena, Luis Cueto, que ocupa el cargo de coordinador de la Alcaldía cobrando 77.000€ al año. O como el joven hijo de una candidata de Ahora Madrid, Samuel Romero es el director de Calle 30, que con su 29 años y 3 añazos de experiencia laboral; apenas cobra un sueldo de 90.000 €.

Como la propia portavoz del ayuntamiento decía “Mientras los asesores existan es legítimo y legal hacer uso de ellos”. Pues está muy claro, ¿no?

Fuente: Revista Autogestión

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